Mérida, Yucatán a jueves 18 de abril de 2024
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Estados Unidos recomienda al gobierno mexicano investigar abusos a derechos humanos y corrupción que realizaron integrantes del Cartel de los Zetas con la participación del ex gobernador de Coahuila Humberto Moreira Váldez y el actual mandatario Rubén Moreira Váldez, quienes son señalados como presuntos cómplices y operadores del sanguinario Cártel de los Zetas, indicó la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas, en colaboración con el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios de Coahuila.
La recomendación para México es que debe implementarse en su totalidad la nueva Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas en México garantizando su financiación adecuada para investigar y sancionar abusos a los derechos humanos y la búsqueda de las personas desaparecidas.
Dicho informe fue redactado con base al análisis de las declaraciones de testigos en tres juicios federales en los EE.UU. entre el 2013 y el 2016; los integrantes del cártel de Los Zetas fueron juzgados en tribunales en Austin, San Antonio, y Del Rio, Texas por asesinato, conspiración para importar drogas y armas, y lavado de dinero.
Después de analizar los testimonios, la Clínica ha determinado dos conclusiones: primera, el Cártel de Los Zetas cometió numerosos abusos a los derechos humanos con impunidad; y segunda las instituciones y funcionarios públicos tuvieron un papel, ya sea por acción o omisión, en la comisión de estos abusos.
Estos juicios dieron a conocer nueva información y corroboraron información que ya había sido documentada sobre las operaciones de Los Zetas y abusos a derechos humanos cometidos por ellos. Los testimonios de las experiencias personales de ex integrantes de este cártel y familiares de las víctimas permiten un mejor entendimiento sobre la grave situación en Coahuila y proporcionan detalles sobre la estructura y los integrantes de Los Zetas.
AsImismo, muestran los nexos entre el cártel y funcionarios e instituciones públicas.
Los testimonios de Rodrigo Humberto Uribe Tapia, quien era asesor de inversiones y encargado de lavado de dinero de los Zetas y de Adolfo Taviara Alvarado, ex administrador de Televisa y narcotraficante, actualmente se les sigue un juicio en San Antonio que involucra a los gobernadores de Coahuila entre el 2005 y el 2012, años gobernaron Humberto y Rubén Moreira.
El ex gobernador y el actual gobernador de Coahuila están involucrados con la recepción de grandes sumas de dinero. Humberto Moreira fue mandatario de Coahuila del 2005 al 2011, luego lo relevó Rubén en 2011 hasta la fecha; Uribe Tapia declaró ante las autoridades de los EE.UU. que acompañó personalmente a Danny Menera, en representación de Los Zetas, para entregar dos pagos de 2 millones de dólares en efectivo a cambio del control total sobre el estado de Coahuila.
“Lo que hicieron en Saltillo, sobornaron al Procurador General del Ministerio Público y eso fue por protección y el acuerdo al que habían llegado con el Sr. Humberto Moreira, quien era el gobernador de Coahuila en ese entonces’”.
En el 2011, Rubén Moreira se convirtió en el nuevo gobernador de Coahuila. Según Tavira Alvarado, Rubén también colaboró con Los Zetas. Tavira describió una ocasión en la cual Los Zetas entregaron un pago a Rubén en el rancho de otro narcotraficante, Beto Casas, a través de una camioneta Suburban llena de maletas repletas de dinero.
En el 2004, los Zetas comenzaron a expandir su influencia en la esfera política. Efraín Torres, uno de los fundadores de este cártel, proporcionó grandes cantidades de dinero a un candidato a la gubernatura del estado de Veracruz. Según la declaración bajo protesta de un agente del FBI, este candidato era Fidel Herrera, quien ocupó el cargo de gobernador de Veracruz del 2004 al 2010. Durante los Juicios de Austin, varios testigos también mencionaron pagos a la campaña electoral de Fidel Herrera en el 2004.
Efraín Torres le dio 12 millones de dólares a Francisco Colorado Cessa para apoyar la campaña electoral de Fidel Herrera para gobernador de Veracruz en el 2004.
El objetivo de esta “donación” era congraciarse con el mandatario para que la empresa de Colorado Cessa, ADT Petroservicios, recibiera contratos de PEMEX y obtuviera grandes utilidades.
Estos contratos fueron otra fuente de ingresos para Los Zetas y les sirvieron también para sus operaciones de lavado de dinero. No era inusual para Los Zetas pagar cierto porcentaje del valor total de los contratos como soborno al gobierno para obtener dichos contratos. Según Hinojosa, un contador de Los Zetas, entre el 10% y el 16% de cada contrato con el gobierno era destinado para pagar sobornos a autoridades estatales.
Según la declaración de Uribe, no era solo a través de contratos de PEMEX que obtuvieron sus ganancias y lavaron dinero. Presuntamente, también se vieron involucrados escuelas, mineras, y el mismo gobierno directamente en actos relacionados con el lavado de dinero, de una u otra manera.
Los testigos también implicaron a dos gobernadores de Veracruz durante los juicios. Uribe Tapia describió una reunión que tuvo con Heriberto Lazcano (Z-3), Daniel Menera y una contadora en una casa que le pertenecía a Javier Duarte, el gobernador de Veracruz del 2010 al 2016. Según Uribe Tapia , Lazcano mató a la contadora después de esta reunión justo en el jardín de esta casa.
En otra ocasión, José Guillermo Herrera Mendoza, quien era subsecretario de Turismo de Veracruz, fue implicado en el secuestro y extorción de Alfonso del Rayo, un empresario de bienes raíces de esa entidad.
Del Rayo fue secuestrado, privado de su libertad y torturado por Los Zetas durante 9 días. Los narcos le exigían que pagara 50 millones de pesos a cambio de su libertad.
Sin embargo, del Rayo fue liberado sin pagar el rescate después de que Herrera Mendoza intercedió por él ante Carlos Nayen, quien lavaba dinero para esa célula delictiva. Después de ser liberado, del Rayo fue obligado a comprar un caballo de carreras para regresarle el favor que Nayen le había hecho a Herrera Mendoza.
Los testimonios describen el carácter y el grado de influencia de Los Zetas sobre funcionarios e instituciones municipales y estatales. Además pagaron sobornos e integraron a la policía en su jerarquía para garantizar que el cártel pudiera continuar con sus operaciones ilícitas sin resistencia alguna.
Sin embargo, los Zetas no solo influyeron sobre policías municipales o estatales de bajo rango; los testigos relatan que el control de esta agrupación se extendió a jefes de la policía municipal, procuradores estatales y federales, centros penitenciarios estatales, sectores de la Policía Federal y del Ejército mexicano y a políticos estatales.
Además, es posible que el gobierno de los EE.UU. tenga información que no ha compartido que podría ayudar a esclarecer asesinatos y desapariciones cometidos en México. Por lo tanto, los esfuerzos para enfrentar los abusos a derechos humanos cometidos por el crimen organizado en México deben involucrar soluciones transnacionales.
Las autoridades mexicanas se han negado deliberadamente a impulsar procesos de justicia a pesar de tener mucha información sobre los numerosos abusos a los derechos humanos perpetrados por integrantes del cártel de Los Zetas. Tanto Los Zetas como el estado son responsables por la violencia en Coahuila. En el mejor de los casos, el estado hizo caso omiso a la corrupción generalizada y los graves abusos a los derechos humanos cometidos por Los Zetas en Coahuila, y en el peor de los casos, participó directamente en cometer estas violaciones.