Ciudad de México, 9 de abril de 2026.– Para dignificar el sector primario y en un acto de justicia laboral, el Senado de la República aprobó una reforma integral que condiciona las exportaciones agrícolas al cumplimiento estricto de los derechos laborales y la preservación ambiental, alineando la producción nacional con estándares internacionales de sostenibilidad y lucha contra la deforestación.
La senadora del Movimiento de Regeneración Nacional y vicepresidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, Verónica Camino Farjat, destacó estos cambios legales como un factor determinante para transformar un sector marcado históricamente por la precariedad y la falta de prestaciones.
Esta reforma introduce el Certificado Laboral para la Agroexportación, un mecanismo que obliga a las empresas a garantizar seguridad social y prestaciones de ley a sus trabajadores, pues el 80% de la base productiva operan en la informalidad.
La legisladora yucateca subrayó que factores como la estacionalidad de las cosechas y la falta de regulación dejaron a millones de familias sin acceso a servicios de salud, pensiones o condiciones de trabajo dignas.
“En un acto de justicia, aprobamos una reforma muy importante impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para garantizar los derechos laborales y de seguridad social de quienes alimentan al país”, destacó Camino Farjat.
El eje central de esta modificación, sostuvo, es la creación del Certificado Laboral para la Agroexportación, mecanismo que funcionará como un “candado” legal y ético para las empresas que deseen colocar sus productos en mercados internacionales.
Verónica Camino Farjat precisó que ahora cualquier empresa que pretenda exportar productos agrícolas deberá acreditar que sus empleados cuentan con seguridad social y prestaciones de ley.
Para ello, precisó, se facultó a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) para que sea la entidad que emita y vigile esas certificaciones.
Camino Farjat afirmó que, en estados con alta producción agrícola, las empresas exportadoras deberán demostrar de manera fehaciente que cumplen con sus obligaciones patronales para poder operar en el comercio exterior.
Resaltó los alcances de esta reforma, que además del ámbito laboral introduce cambios en la Ley de Comercio Exterior, ya que a partir de ahora las actividades agroalimentarias deberán regirse bajo criterios de sostenibilidad ambiental.
“El objetivo es evitar que la creciente demanda de exportación se convierta en un motor de deforestación o degradación de los ecosistemas forestales y con esto, México busca alinear su producción agrícola con los estándares internacionales de responsabilidad social y ecológica”, puntualizó.
Anotó que, con esta aprobación, el Estado mexicano asume la responsabilidad de supervisar que la competitividad comercial no se logre a costa de la explotación laboral ni de la destrucción del patrimonio natural.