No cabe duda que el gobernador Rolando Zapata Bello es una persona muy incongruente, porque por un lado se la pasó seis años cacareando que lo más importante para él era la seguridad de los yucatecos.
Sin embargo, hace unos días rechazó casi 17 millones de pesos del gobierno federal, dinero que iba a ser destinado a garantizar la seguridad pública, de acuerdo al Diario Oficial de la Federación, que exhibió a Zapata Bello.
En el ejemplar del Diario Oficial de la Federación del pasado 24 de julio se presenta un acuerdo en el que se modifican los Lineamientos para el otorgamiento de apoyos a las entidades federativas en el marco del Programa Nacional de Prevención del Delito.
En uno de los párrafos de este nuevo convenio se indica “que los Estados de Querétaro y Yucatán han manifestado que NO desean participar en el proceso de asignación de los recursos del PRONAPRED, los cuales ascienden a la cantidad de $16´642,480.00 (dieciséis millones seiscientos cuarenta y dos mil cuatrocientos ochenta pesos 00/100 M.N.)”
“Que ante ello, es necesario modificar los Lineamientos con el objeto de prever los términos en los que podrán ser distribuidos los recursos no ministrados a alguna entidad federativa para que sean aprovechados por otra de las referidas en dicho instrumento”.
Eso significa que la Secretaría de Gobernación asignará esa cantidad a los estados con los municipios más peligrosos del país.
El PRONAPRED es el Programa Nacional de Prevención del Delito (perteneciente a la Segob) que este año maneja un presupuesto de 300 millones de pesos para distribuir a todas las entidades del país para combatir la las adicciones, prevenir el delito, rescatar los espacios públicos y promocionar proyectos productivos.
Al día de hoy el PRONAPRED ha gastado 272 millones 857 mil pesos; Yucatán tenía derecho a recibir casi 17 millones de pesos, pero el gobierno estatal, por alguna extraña razón, rechazó estos recursos del gobierno federal.
La única razón que encontramos para que Rolando haya rechazado esos fondos es porque no quiere que el gobernador electo Mauricio Vila inicié con dinero su administración a partir del 01 de octubre próximo.
Por eso decimos que Zapata Bello dio cátedra de incongruencia porque por un lado presumió que Yucatán es el estado más seguro del país y del mundo, que la policía estatal es “muy honesta” y trabajadora, y por el otro se niega a recibir dinero de la Federación que iba a servir para prevenir el delito en los próximos 12 meses.
Vale la pena indicar que gracias a los recursos del PRONAPRED en el 2012 se creó el CEPREDEY, la dependencia de la administración estatal que supuestamente previene el delito.
El CEPREDEY únicamente sirvió para catapultar la carrera política de quien fue su primera titular, Verónica Camino Farjat, ahijada política de Víctor Caballero Durán, y que hoy es senadora electa del PRI.
En dos años y medio que Verónica Camino presidió esta dependencia nunca se observó un resultado tangible en el combate a la inseguridad en el sur de Mérida (zona donde se centró el CEPREDEY), por el contrario, la delincuencia se mantuvo.
Lo que sí vimos fue la carrera ascendente de Verónica que primero fue electa diputada local y ahora está a punto de iniciar su gestión como legisladora federal en la Cámara Alta.
Ahora, que el gobierno del estado no recibirá recursos de la Federación para combatir la inseguridad, lo más seguro es que el CEPREDEY desaparezca. Quedó claro que esta dependencia solo tuvo fines políticos, y que el objetivo de combatir el delito y las adicciones nunca se cumplió.