Mérida, Yucatán a jueves 25 de abril de 2024
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Por inaudito que parezca, los magistrados del Poder Judicial del Estado exigen a los diputados locales que no les reduzcan su presupuesto, pues no les alcanza con 790 millones de pesos al año para cumplir sus responsabilidades.
A pesar que de la buena intención del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y del gobernador Mauricio Vila Dosal de reducir al máximo los gastos superfluos, los magistrados del Poder Judicial, todos priistas, coinciden en que deben recibir en el 2019 un presupuesto superior a los $790 millones.
A los magistrados y consejeros de la judicatura todavía no les cae el veinte que México ya cambió y que la dinámica actual es disminuir hasta donde sea posible los gastos superficiales.
Vamos a explicar nuestro dicho: cada magistrado y consejero de la judicatura del Tribunal Superior de Justicia gana al mes 92, 403 pesos; sin embargo, el magistrado presidente cobra 108 mil pesos mensuales.
Los jueces ganan 63 mil pesos, y como ellos muchísimos funcionarios de este Poder ganan entre 50 mil y 60 mil pesos; por eso entendemos que exijan al Congreso del Estado que no les reduzcan el presupuesto porque ya no tendrían derecho a sus privilegios, como viajes, paseos, “compensaciones”, etcétera.
Acostumbrados a recibir bonos y a cargar al pueblo cada gasto que realizan, los representantes del Poder Judicial se niegan a bajar su calidad de vida, por ello piden recibir más dinero, que viene de los impuestos de los ciudadanos.
De hecho amenazan con poner en riesgo los servicios que brinda y la estabilidad de los trabajadores; por ello compartimos a continuación de manera textual el comunicado donde dicen claramente que en caso que se les reduzca su presupuesto habría terribles consecuencias.
“Como institución del Estado, vital para la paz, la justicia y el Estado de Derecho, el Poder Judicial del Estado de Yucatán manifiesta la urgente necesidad de contar con un presupuesto acorde a las exigencias de la sociedad y del crecimiento de sus responsabilidades y número de asuntos que llegan a sus juzgados, todos de importancia, al tratarse de resoluciones que impactan en la vida diaria de los ciudadanos, a quienes nos debemos.
Una situación diferente o aún peor, en la que el presupuesto sea menor, al no considerarse la inflación prevista para este año, pondría en riesgo los servicios que brindamos y la estabilidad de nuestros trabajadores, pero aún más nos obligaría a cancelar proyectos de urgente necesidad como son la apertura de nuevos juzgados, ante la saturación de carga de trabajo de los que actualmente tenemos. Esto nos pondría entre la espada y la pared para poder responder a los ciudadanos y cumplir nuestros deberes constitucionales.
De hecho, en ese escenario, el Poder Judicial es la única institución de seguridad pública del Estado que no tiene aumento, pero sí crecientes exigencias que no dependen de buenas intenciones sino de recursos materiales, humanos y tecnológicos que funcionan a su máxima capacidad y que corren el riesgo de un colapso.
Por eso es necesario que los diputados, sin importar filiación o ideología, abran sus oídos a las necesidades que la sociedad nos demanda y que se ponen en riesgo.
Es importante informar que, por mandato de nuestra Constitución el Estado debe asignar al menos el 2% del presupuesto estatal. Esto se traduce en que para 2019 el presupuesto mínimo para el Poder Judicial debería ser de 790 millones de pesos.
Como un Poder del Estado, cuyo funcionamiento y servicios al igual que los de otros Poderes y entidades, dependen de la asignación del gasto del Estado, y tienen un compromiso con la sociedad, no se puede girar únicamente en torno a la agenda presupuestal de un sólo poder, en este caso del Ejecutivo. La función constitucional que realiza el Poder Judicial es igual de importante que las demás tareas a cargo de los demás Poderes que conforman un Estado democrático y constitucionalmente establecido, por lo tanto, esa es la importancia que se le debe dar al Poder Judicial al asignarle recursos públicos.
Como institución del Estado mexicano y de Yucatán, tenemos una enorme responsabilidad sobre nuestros hombros que hemos sabido llevar con resiliencia y valor aún frente a la austeridad que ha caracterizado los últimos tiempos y la exigencia creciente de mayor rapidez y calidad que día a día nos reclaman los ciudadanos.
Estamos de acuerdo con que nos exijan, pero esa exigencia debe venir acompañada de las herramientas mínimas para hacer nuestro trabajo”.