La justicia social no es un discurso vacío. Es un derecho que la Cuarta Transformación tiene la responsabilidad de garantizar a todas y todos los mexicanos. Sin embargo, para que ese derecho pueda hacerse realidad es indispensable que exista orden, legalidad y respeto al patrimonio colectivo. No puede haber justicia cuando prevalece la incertidumbre jurídica, ni bienestar cuando se pone en riesgo el derecho de la sociedad a contar con espacios públicos destinados al desarrollo de las comunidades.

Nuestro movimiento nació bajo el principio de primero los pobres, y ello implica asumir el compromiso de que cada familia pueda acceder a una vivienda digna, con certeza jurídica, servicios públicos y seguridad patrimonial. La política social de la Cuarta Transformación busca precisamente que las personas construyan un patrimonio para sus hijas e hijos, evitando que caigan en esquemas irregulares o en situaciones que, lejos de resolver sus necesidades, terminen colocándolas en una condición de mayor vulnerabilidad.

Por ello, si existieron personas que aprovecharon la necesidad de familias yucatecas para promover ocupaciones irregulares, hacer falsas promesas o lucrar con la esperanza de quienes buscan un lugar donde vivir, deberán responder ante las autoridades competentes. La pobreza nunca debe convertirse en un negocio ni la necesidad de la gente puede ser utilizada para obtener beneficios personales o políticos. Quien engaña a una familia vulnerable atenta directamente contra los principios de justicia que defendemos como movimiento.

Al mismo tiempo, es necesario recordar que la justicia social también implica proteger aquello que pertenece al pueblo. Los terrenos destinados a escuelas, parques, calles, áreas verdes, centros de salud o infraestructura pública representan derechos colectivos que benefician a generaciones enteras. Defender esos espacios significa proteger el bienestar presente y futuro de las comunidades, pues son parte del patrimonio de todas y todos los yucatecos.

Durante décadas, el modelo neoliberal dejó crecer el rezago habitacional, la desigualdad y la falta de acceso a una vivienda adecuada. Esa realidad provocó que miles de familias vieran cada vez más distante la posibilidad de construir un patrimonio propio. Frente a ese escenario, los gobiernos de la Cuarta Transformación han impulsado políticas públicas para atender de fondo este problema mediante programas como Vivienda para el Bienestar, cuyo propósito es ampliar el acceso a una vivienda digna, con certeza jurídica y condiciones adecuadas para las familias mexicanas.

Estamos convencidos de que la solución para quienes hoy enfrentan una necesidad de vivienda no puede encontrarse en la incertidumbre o la irregularidad, sino en las vías institucionales que permitan garantizar plenamente sus derechos. La Cuarta Transformación seguirá acompañando a las familias que requieren un hogar para que encuentren alternativas legales, seguras y duraderas, siempre privilegiando el diálogo y la atención a quienes más lo necesitan.

Esa ha sido una diferencia fundamental entre nuestro movimiento y los gobiernos del pasado. Mientras antes muchas veces se optaba por administrar los conflictos o posponer las soluciones, los gobiernos emanados de Morena asumen la responsabilidad de atender las causas de los problemas. Eso significa fortalecer las políticas de vivienda, reducir el rezago urbano, combatir la desigualdad y, al mismo tiempo, proteger los espacios públicos que pertenecen a toda la sociedad. La firmeza en la aplicación de la ley no está reñida con el diálogo; por el contrario, ambas son condiciones necesarias para construir soluciones justas y duraderas.

En Morena entendemos que proteger el patrimonio colectivo y atender a quienes enfrentan condiciones de vulnerabilidad no son objetivos opuestos. Son dos responsabilidades que deben caminar de la mano para hacer realidad la justicia social. Nuestro compromiso seguirá siendo trabajar para que ninguna familia tenga que elegir entre la incertidumbre y la esperanza, construyendo un Yucatán donde el acceso a la vivienda, el respeto a la legalidad y la defensa de los bienes públicos formen parte de un mismo proyecto de transformación, siempre con el pueblo y para el pueblo